El tatuador quedó en libertad tras una vistilla celebrada el pasado 21 de octubre

La Fiscalía de Gipuzkoa ha apelado a la existencia de un «evidentísimo riesgo de fuga» del tatuador venezolano acusado de abusos para reclamar su reingreso en prisión a la espera de sentencia, mientras que la abogada de la defensa, Cristina Morcillo Buj, ha alabado el «coraje» del juez al ponerlo en libertad.

El tatuador, que fue juzgado en San Sebastián en tres jornadas repartidas entre septiembre y octubre por abusar presuntamente de una docena de mujeres, en su mayoría clientas de su estudio, quedó en libertad tras una vistilla celebrada el pasado 21 de octubre al término de la última de estas sesiones.

El magistrado del caso tuvo en cuenta para ello que el inculpado había cumplido ya un año y ocho meses de prisión y advertía de que, en el caso de una sentencia absolutoria, las «consecuencias» de su mantenimiento en prisión provisional «serían muy negativas» para él.

El juez tuvo en cuenta asimismo que el acusado había «insistido en su inocencia», que cuenta con «familia y arraigo en España» y que «está pendiente de una solicitud de asilo».

Recordó además que en aquella vistilla las acusaciones no alegaron «nada» en cuanto a «las finalidades perseguidas con el mantenimiento de la medida cautelar» de prisión provisional, «ni tan siquiera una somera referencia a un supuesto riesgo de fuga por lo elevado de las penas solicitadas».

Un argumento que ahora sí esgrime el fiscal, en su recurso ante la Audiencia de Gipuzkoa y en el que sostiene que la final provisional que en su momento se acordó contra el tatuador no respondía sólo al, por otra parte, «evidentísimo» riesgo de fuga en «un ciudadano extranjero en situación irregular, con muchos más años vividos fuera de España» que en nuestro país y «con la mayor parte de sus vínculos familiares» en Venezuela.

Una «falta de arraigo y riesgo de fuga» que, a juicio del Ministerio Público, resultan no obstante «notorios, hasta el punto» de que el auto de puesta en libertad consigna un número PERPOL (Personas de Interés Policial) ante «la indocumentación como extranjero del acusado en España».

El fiscal apela además en su escrito el «riesgo de reiteración delictiva» para pedir el reingreso en prisión, al tiempo que recuerda lo elevado de las penas solicitadas para el inculpado, que ascienden, por su parte a un total de 31 años y nueve meses de cárcel.

El Ministerio Público dice también «desconocer» la «relevancia» para decidir la libertad o mantenimiento en prisión del tatuador del supuesto «juicio mediático y paralelo» al que, según el magistrado, fue sometido el tatuador con un «daño» personal y profesional «casi irremediable» para él.

Por estos motivos, reclama que se ordene el reingreso en prisión provisional de este hombre o, subsidiariamente, que se le imponga la obligación de comparecer tres días a la semana en sede judicial, se le prohíba salir de españa y se acuerde la retirada de su pasaporte, ya que actualmente sólo debe comparecer una vez al mes.

Por su parte, la letrada de la defensa, Cristina Morcillo Buj, ha avanzado en declaraciones a EFE, su decisión de oponerse a la solicitud del fiscal, al tiempo que se ha felicitado por el «coraje judicial» del juez al acordar la libertad de su cliente.

«El elemento de fuga en el que se escuda el Ministerio Fiscal es un tremendo absurdo ahora», añade la abogada, antes de preguntarse «dónde va a escapar» su patrocinado «ubicado en una diana permanentemente».

«Sé que la vida de mi defendido en libertad va a estar plena de riesgos, que todo lo que haga va a estar mirado con lupa y que debería enclaustrarse fuera de los focos maliciosos y las opiniones sesgadas», concluye la abogada.

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