Abogado defensor en el País Vasco. Defender al delincuente no es tan complicado.

San Sebastián, 27 mar (EFE).- La Audiencia de Gipuzkoa ha confirmado la condena a dos años y ocho meses de cárcel al hombre acusado de agredir sexualmente a una ciudadana extranjera el 11 de agosto de 2016 en la pequeña zona ajardinada situada junto al acceso trasero del Ayuntamiento de San Sebastián.

En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, la Sección Primera de la Audiencia Provincial confirma ahora una sentencia previa del Juzgado de lo Penal número 5 de la capital guipuzcoana. Que también impuso al encausado la obligación de compensar a su víctima con 3.300 euros por el daño moral causado y los días que invirtió en recuperarse de sus lesiones.

No obstante, el acusado, representado por la letrada Cristina Morcillo Buj, ha anunciado ya su intención de recurrir este fallo en casación ante el Tribunal Supremo (TS).

Según el relato de hechos probados, el incidente se produjo sobre las 4.25 horas, cuando al inculpado y la chica, que se habían conocido aquella noche, salieron de la mano de una discoteca situada en las proximidades del consistorio y se dirigieron a la citada zona de jardines donde se sentaron en el suelo, bajo la pared del edificio, para comenzar «a besarse y a efectuarse tocamientos mutuos por distintas partes del cuerpo».

«Sin embargo -continúa el texto-, la actitud del hombre se tornó agresiva para con la víctima, de modo que, con ánimo lascivo, se tumbó sobre ella, la inmovilizó entre su cuerpo y la pared del Ayuntamiento» y comenzó a tocarla pese a que ella «le manifestó de forma patente su oposición a tales acciones».

La chica trató de «quitárselo de encima con las manos en repetidas ocasiones» y gritó «reiteradamente» la palabra «help» (socorro en inglés), en una situación que, como relata el escrito judicial, «se prolongó durante aproximadamente un minuto» hasta que ella «finalmente logró zafarse».

La sentencia explica que «de forma simultánea» intervino un particular que pasaba por allí, quien, además de separar «definitivamente» a la mujer y al hombre, «evitó la huida» de éste, hasta la llegada de unos agentes de la Guardia Municipal que lo «retuvieron» nuevamente ya que el acusado «trató de huir nuevamente».

En su recurso, la abogada del acusado alegó que durante el juicio se vulneró su derecho a la defensa por las «continuas interrupciones» y limitaciones de tiempo que sufrió en su informe final y por entender que no existía prueba de cargo suficiente. Ya que la víctima no acudió al juicio y no pudo ser interrogada, sin que la declaración que prestó en la fase de instrucción cumpla «los requisitos de la prueba preconstituida».

No obstante, la Audiencia considera que no se produjo indefensión alguna al procesado, ya que su letrada pudo desarrollar en su informe «todos los argumentos que tuvo por conveniente», mientras que la prueba de cargo existente contra el hombre fue «debidamente valorada por el juez de instancia.

Aclara en este sentido, que las grabaciones de las cámaras de seguridad del Ayuntamiento permiten apreciar que «existen dos momentos claramente diferenciados» en los hechos, en el primero de los cuales la pareja accede al lugar «agarrada de la mano, se sientan en el suelo y comienzan a besarse y tocarse mutuamente», mientras que en el segundo «la situación cambia» con «claros intentos» de la chica por «quitarse de encima» al hombre.

La abogada de la defensa, Cristina Morcillo Buj, ha anunciado, en declaraciones a EFE, que presentará un recurso ante esta «sorpresiva» condena por entender que «no todo debería valer cuando de derechos fundamentales limitados se trata».

Cristina Morcillo Buj considera que «tener que demostrar» en un juicio oral la existencia de «un expreso, afirmativo y rotundo ‘sí es sí'» por parte de la mujer «disminuye las garantías procesales del hombre» debido al «consentimiento, expreso y casi ante notario, que ha de otorgar la mujer antes de proceder carnalmente con el varón» para considerar lícita la relación.

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