Hace mucho tiempo que los políticos descubrieron que el Derecho Penal es rentable. Las finalidades de la pena se han esfumado entre una multitud de seres humanos culpables o inocentes, que conviven en los Centros Penitenciarios y los propósitos de resocialización y rehabilitación han pasado a ocupar un lugar subalterne.

Se ha desvanecido la tradicional sensibilidad humanista que caracterizó históricamente al Derecho penitenciario español a través de figuras como Concepción Arenal, Victoria Kent y Mercedes Gallizo.

El Derecho penal no es ya un límite al poder punitivo sino un instrumento para combatir al enemigo y proteger al ciudadano. Ni se contempla, ni se estudian las consecuencias, ni se atienden a las necesidades de presos ni a la de sus familiares.

La sociedad, ofuscada en lógicas punitivas y de venganza, muestra su rechazo a las ayudas familiares. Los académicos siempre centrados en el “delincuente” y en qué hacer con él. Los políticos obcecados en la gestión penitenciaria de unos centros desbordados, en donde la rehabilitación es el discurso y el orden disciplinar la única realidad. En el afán de devolver a la sociedad la confianza que perdió en la justicia penal, la cárcel se percibe no como una herramienta de punición y corrección sino como una especie de venganza pública.