San Sebastián, 30 ene (EFE).- La defensa de la ciudadana cubana detenida el pasado diciembre en San Sebastián durante la operación antidroga «Volcano» ha denunciado la existencia de supuestas «irregularidades» y falta de «control judicial» en las escuchas policiales, por lo que ha solicitado su «nulidad».

En esta operación, la Ertzaintza desarticuló a principios diciembre de 2018 un grupo criminal dedicado a la distribución de cocaína en la comarca guipuzcoana de Donostialdea, donde detuvo a seis personas -una de ellas la citada ciudadana cubana- y se incautó de 1,550 kilos de esta sustancia con un valor en el mercado de más de 90.000 euros.

La operación, iniciada por la Policía Autonómica en el primer trimestre de 2018 bajo la dirección de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián, incluyó también cinco registros en domicilios de San Sebastián y Lasarte-Oria, y en un bar del barrio donostiarra de Gros, donde fueron localizados más de 50.000 euros en metálico y 4,5 kilos de diferentes sustancias destinadas al corte y adulteración de la droga como glutamina, cafeína, creatina y fenacetina, entre otros efectos.

Ahora, en un escrito al que ha tenido acceso EFE, los abogados Fernando Pamos de la Hoz y Cristina Morcillo Buj, denuncian la prórroga «a ciegas» de las intervenciones telefónicas, sin que el juzgado hubiera escuchado «directamente» los discos con las grabaciones realizadas que además, según estos letrados, no contenían el «obligado total» de las conversaciones registradas.

«Se permite así a los funcionarios -policiales- hacer una labor de sesgo y expurgo, utilizando lo que ellos quieren y desproveyendo al órgano instructor del todo», añade el escrito que también critica el hecho de que estos discos deberían haber sido remitidos al juzgado a «tiempo» y «no con posterioridad y de forma sesgada».

Por este motivo, consideran que el órgano instructor «ha vulnerado el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, al permitirse una orgía de escuchas sin el obligado control», cuya consecuencia «debe ser la nulidad de las prórrogas» de las audiciones practicadas, así como «de las pruebas derivadas» de ellas.

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