Como abogada Penalista y Penitenciarista no me puedo olvidar de los eternos olvidados, los privados de libertad y sus familiares. La situación de una persona con enfermedad grave en un Centro Penitenciario es un asunto desgarrador: se encuentra en un entorno hostil sujeto a una estricta disciplina que no entiende ni comprende, no está correctamente evaluado ni tratado pues la sanidad penitenciaria “agoniza”, no hay médicos, ni se les espera (la prisión de Pamplona ha estado un mes sin médicos). Y ahora con el COVID-19 ¿qué ocurre con los privados de libertad? Las prisiones están llenas de personas enfermas, de ancianos y de ancianos enfermos. Éstos por ser pocos y tranquilos, acaban trasformándose en invisibles. Estas personas mayores representan por sí mismo un desafío, pero dentro de la prisión el desafío es mayor, son mucho más frágiles y en este contexto de fragilidad se entiende, la tendencia de las personas mayores a sufrir numerosos problemas médicos y sociales que le colocan en una condición de vulnerabilidad, ante la enfermedad, ante el aislamiento social y al abatimiento moral. Sólo desde un planteamiento hipócrita y alejado, extremadamente, de la realidad carcelaria podría asegurarse que la sanidad y la rehabilitación tienen cobijo en los centros penitenciarios al mismo nivel que fuera de ellos. Aquí se está incidiendo directamente en derechos fundamentales como es la libertad personal y la libertad psíquica y física de los internos. Obviar todo esto sería un ejercicio de irresponsabilidad. No es más que ejemplo claro de la putrefacción que nos invade, de la miseria moral y humana más absoluta.

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