La Fiscalía de Gipuzkoa pide penas que oscilan entre los cinco años y tres meses y los seis años y nueve meses de cárcel para las seis personas que fueron detenidas en diciembre de 2018, en el marco de la Operación Volcano, acusadas de integrar una banda que traficaba con drogas en la comarca de Donostialdea.

Según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, además de arrestar a los seis encausados, en esta operación la Er-tzaintza registró distintas viviendas en Donostia y Lasarte-Oria, además de varios locales, un garaje y un bar en los que fueron incautados más de medio kilo de cocaína pura, con un valor estimado de 32.000 euros, y 4,1 kilos de sustancia para cortarla.

En la inspección de estos inmuebles, los agentes también encontraron más de 50.000 euros en metálico, así como distintas balanzas de precisión, numerosos teléfonos móviles, una pistola simulada, un arma eléctrica, y varias agendas con anotaciones, entre otros efectos.

La Fiscalía imputa a todos los procesados, cinco hombres y una mujer, un delito contra la salud pública en concurso real con un delito de integración en grupo criminal, con la agravante de reincidencia en el caso de uno de los varones. Además de las penas de prisión, el fiscal demanda que cada uno de ellos abone una multa de 96.000 euros.

El ministerio Público considera que todos los procesados actuaban “de manera conjunta” en una “estructura criminal” supuestamente dedicada a la “adquisición, venta, adulteración, empaquetado y distribución de cocaína a terceras personas”, si bien tres de ellos ocupaban “una posición preponderante” sobre los otros tres, quienes llevaban la droga hasta “el consumidor final”.

Los arrestados utilizaban un domicilio del barrio de Egia como laboratorio de fabricación, empaquetado y venta de cocaína

La banda presuntamente utilizaba un domicilio del barrio donostiarra de Egia como “laboratorio para la fabricación, manipulación y empaquetado de la cocaína”.

El documento aclara que, en este lugar, los imputados recibían “alijos de cocaína en embalajes que tenían incorporado un logotipo con la identificación del proveedor” y que se almacenaban en la vivienda.

Tras la desarticulación de esta supuesta banda, el departamento vasco de Seguridad ofreció el dato “curioso” de que el morador del piso, ante la reiterada presencia de consumidores para la adquisición de cocaína, había ideado un “sistema de auto-servicio mediante la colocación de un pequeño depósito en el interior del buzón de correos instalado en el portal del inmueble”.

De esta manera, gracias a unas llaves facilitadas a los compradores, éstos accedían a la droga, incluso cuando el presunto traficante se encontraba ausente.

Durante la operación policial, se llevó a cabo además un seguimiento sobre el vehículo de uno de los procesados que, según la Fiscalía, “puso de manifiesto” los desplazamientos presuntamente realizados para distribuir la cocaína por parte de este hombre, quien fue arrestado el 8 de diciembre de 2018 en Hernani el mismo día en el que fue registrado el supuesto laboratorio.

Ese mismo día, los policías detuvieron al resto de supuestos traficantes, salvo a dos de ellos, padre e hijo, quienes fueron capturados el 10 de diciembre, e inspeccionaron sus domicilios, así como las citadas lonjas y el garaje, donde hallaron el resto de la droga y el dinero.

La abogada Cristina Morcillo Buj, que representa a la única mujer procesada en esta causa, ha anunciado su intención de denunciar la nulidad de la prorroga del secreto de las actuaciones decretada en su momento, además de su “vulneración del derecho de defensa” en este caso. – Efe

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